sábado, 29 de noviembre de 2008

MANIFIESTO DE LOS ALCALDES Y CONCEJALES DEL PP EN LA PROVINCIA DE HUESCA SOBRE EL HOSPITAL DE BARBASTRO.




En la provincia de Huesca se dan ejemplos muy notables de una determinada falacia política, que consiste en administrar los derechos de los ciudadanos como si fueran mercedes de los poderes públicos. Esa práctica, que contraviene el espíritu mismo de la democracia, se advierte en las grandes carencias de la provincia. Las comunicaciones transpirenaicas, la reivindicación del patrimonio artístico emigrado o la seguridad de nuestras carreteras no parecen derechos consustanciales a la identidad altoaragonesa; a lo sumo, de quedar resueltos algún día, el gobierno aragonés los exhibirá como muestras de una generosidad muy por encima de sus obligaciones. Esa falsedad, al tiempo, espera de los ciudadanos una respuesta sumisa. Como consecuencia, la defensa de los derechos civiles se convierte, en una interpretación especialmente torticera, en un intento de desestabilizar las instituciones políticas de Aragón. Lejos de admitir la justicia de nuestras demandas, se espera de nosotros que nos mostremos o bien resignados o bien culpables.

Como fruto de esa estrategia, la provincia se ha visto obligada a exponer argumentos tan sólidos, tan notorios, que rozan una reducción al absurdo. En términos sociales, todavía no se ha denunciado con énfasis suficiente el agravio de fondo: el Gobierno aragonés no puede subestimar la dignidad de sus ciudadanos hasta el punto de exigirles, una y otra vez, que razonen lo evidente con el propósito de aplazar lo justo. Esa actitud soberbia nos obliga a establecer de nuevo el punto de partida: el Gobierno aragonés debe estar al servicio de la razón, porque la razón no está sujeta al capricho del Gobierno. El Presidente y sus Consejeros deben afrontar la realidad para paliar sus carencias, no someterla a su antojo mediante recursos retóricos o argucias administrativas.

La atención sanitaria es un derecho de todo ciudadano español; de acuerdo con el espíritu constitucional, no cabe considerar discriminación alguna a partir de criterios territoriales. Las instituciones tienen el deber de asumir ese argumento incontestable y garantizar su aplicación a través de las oportunas medidas políticas. En nuestra provincia, hay una brecha evidente entre quienes disfrutan de unos servicios médicos de referencia y quienes lo hacen, a lo sumo, con carácter precario, provisional, dilatado o insuficiente. Exigimos, en primer lugar, que se asuma esa evidencia racional: los usuarios del Hospital de Barbastro, que constituyen la mitad de la población altoaragonesa, no se benefician del sistema público de salud en igualdad de condiciones. Si es, por naturaleza, una discriminación irresponsable, resulta particularmente dolorosa cuando los propios usuarios escuchan del Gobierno aragonés que sus reivindicaciones no se ajustan a la verdad. Ese modo de trivializar las interminables listas de espera o el desequilibrio de las dotaciones facultativas, constituye un insulto a quienes, en efecto, deben esperar meses para ser atendidos en consulta especializada o desplazarse a otro centro hospitalario. Llama la atención la capacidad de la señora Noeno, y, por extensión, del Gobierno aragonés, para negar a los vecinos de la zona oriental de qué modo viven y hasta qué punto sufren esas limitaciones. Sorprende que un cargo público pueda afirmar impunemente, como se ha hecho, que miles de ciudadanos, individual y colectivamente, no perciben la vida como es. Ampararse en la estadística es, en el caso de la atención sanitaria, una vileza que no admite disculpa; detrás de cada cifra hay un drama humano. Sorprende que se afirme por escrito, en un documento interno, que "la plantilla de personal del Hospital de Barbastro es la adecuada". No es menos llamativo que la Consejera exija a los cuadros facultativos un esfuerzo que supera los límites del sentido común; frente a la pompa administrativa, manifestamos nuestro reconocimiento al personal sanitario del Hospital de Barbastro y admitimos que algunas veces, injustamente, reciben en sus personas los reproches que solo merecen los últimos responsables del sistema aragonés de salud.

Hemos citado una brecha objetiva en las prestaciones médicas. No entraremos ahora en un debate estéril sobre quién trazó esa línea, ni nos atribuimos la facultad de explicar sus orígenes sociológicos. Nuestra prioridad, a día de hoy, es otra. Como alcaldes y concejales del Partido Popular, nos compete advertir la realidad inmediata, la única posible, y exigir soluciones fiables y definitivas. En la misma medida, y en caso de que el Gobierno de Aragón no reconsidere su actitud, nuestra obligación será transmitir a la opinión pública la identidad de quienes impiden una satisfacción equilibrada de los derechos civiles elementales. Tendemos la mano al Gobierno aragonés en un gesto explícito de colaboración, siempre con dos condiciones: que admita sus errores previos y garantice normalización al alza de los servicios hospitalarios en Barbastro y su zona de influencia, de acuerdo con las exigencias concretadas por sus vecinos. Es suficiente que la consejera Noeno o el propio presidente Iglesias confirmen un criterio de equiparación, a muy corto plazo, mediante el compromiso de las oportunas medidas administrativas y sus correspondientes dotaciones presupuestarias. De ser así, y de hacerlo constar documentalmente, el Partido Popular sabría corresponder la nueva actitud del Gobierno.

Con toda la carga institucional que el Partido Popular puede ofrecer al Altoaragón, manifestamos el compromiso irrenunciable de defender, con todos los medios democráticos a nuestro alcance, idénticos servicios médicos a todos los habitantes de la provincia, sin distinción, en la certeza de que la razón les asiste, nos asiste a todos, al esperar del Gobierno aragonés que asuma de una vez por todas sus responsabilidades.

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